Comercio ambulante en el centro histórico de la Ciudad de México

En este texto se describe el programa llamado “Bando para la ordenación y regulación del comercio en vía pública del centro histórico de la Ciudad de México”, que fue aprobada el 12 de julio de 1993 por la asamblea legislativa y que contemplaba la construcción de 27 comercios, con la idea de que estas plazas servirían para contener el fenómeno del comercio informal, sin embargo las calles no tardaron en ser ocupadas. En este sentido, la autora señala el intento de su análisis por explicar la lógica de negociación y conflicto existente entre los actores, organizaciones y el gobierno que están implicados en el fenómeno, pues el comercio ambulante no sólo es visto como resultado de la debilidad del estado, sino como un sector con el cual se puede llegar a acuerdos. Es entonces, que puede encontrarse como un conflicto en el cual existía el dilema de modernizar las calles del centro histórico y al mismo tiempo, conservar las bases de apoyo que tenía el PRI, además de la presión ejercida por parte de la Canaco, y de los mismos medios de comunicación. No obstante, según un estudio por parte de Miguel Ángel Vite Pérez (Doctor en sociología por la Universidad de Alicante, España), la negociación resultó exitosa, pues no se destruyó el poder del líder ya que se les garantizó protección jurídica sobre los predios además de que se mantenía una relación clientelar donde se piensa que de los 500 mil ambulantes distribuidos en 60 organizaciones, cerca de 40 están ligados al Partido de la Revolución Democrática, es decir, el partido que gobierna la capital. Aunado a esto, se argumenta que la reubicación de ambulantes causó la acusación sobre la autoridad local, como consecuencia de haber destruido edificios históricos para utilizar el predio en ésta reubicación. Por lo tanto, se establece que el hecho violó La ley Federal sobre Monumentos Históricos del INAH. Es necesario indicar que la negociación con los líderes ambulantes siempre ha estado presente, debido en gran medida, a los intereses inmersos que se generar a partir de una relación cordial con este tipo de organizaciones. Por ejemplo, hace algunos días se criticó en algunos medios de comunicación la Norma 29, propuesta por Marcelo Ebrard, en la cual se limita la instalación de tiendas de conveniencia y de autoservicio o minisupers, con el objetivo de proteger a los mercados y supuestamente beneficiar al público. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia se opone a esta propuesta porque en sus palabras “se atenta contra la competencia y libre concurrencia, es contraria al interés público y al artículo 28 de la Constitución”. Aunque obviamente se trate de una propuesta con tintes políticos y con cargas personales, me parece que sería interesante analizar las acciones por parte de los actores y encontrar quiénes serían los beneficiados.